El nieto recuperado N° 120: un caso distinto, siempre en busca de Memoria, Verdad y Justicia + Diputado Julian Dindat: un médico embarazoso y...estigmatizador + La nueva Ley "omnibus": detalles para comprender las afectaciones a los jubilados
Andrea D’Atri sobre este tema puntualizó: “El nombramiento de Dindart sorprende pero no desentona con el gobierno de Macri, que desde que asumió no hace más que cercenar derechos, como lo hizo por ejemplo al desmantelar prácticamente el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable y con él la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos gratuitos y a la información de cómo usarlos. Sin mencionar que sigue sin aplicarse la Ley de Educación Sexual Integral que debería ser una materia más en todas las escuelas públicas y privadas del país.
Si no se logra consolidar un sistema financiero riguroso, de nada valdrán discursos altisonantes de inclusión social, cuando en los hechos la ley haga prevalecer el interés particular sobre lo colectivo, abrirá las puertas para regresar a un sistema privatizado con capitalización individual. El Estado pagará esas liquidaciones con los fondos que ingresen por el blanqueo de capitales. “Eso será también significará el inicio de una cuenta regresiva inexorable hacia el sistema de reparto de jubilaciones, pues aunque en un principio esto se pague con las utilidades del blanqueo y la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, no habrá una sostenibilidad posible en el tiempo y se llegará a desfinanciar todo el sistema”. diputada Beatriz Bogado.
La moratoria ha tenido la ventaja de ser extraor-dinariamente efectivo en cumplir el objetivo de poner en marcha una cobertura previsional para una franja de edad de 60 a 64 años (principalmente, mujeres). Y lo ha hecho de manera inmediata, y reconociendo el derecho de las personas a la protección. El Estado concurre en apoyo de quienes no pudieron cumplimentar sus aportes, de modo que al final de la vida laboral las personas alcancen un beneficio similar al de quienes sí lo hicieron. Esto evita tanto la caída en el desamparo material como en la indignidad y el estigma. Se accede al beneficio por la puerta, y no por la ventana. Eso lo diferencia de la pension a vejez donde el Estado paga un mínimo. Es un “plan para gente mayor” o a una “ayuda para el anciano carenciado”. Es decir, un ingreso en condiciones de inferioridad. Todos ellos son titulares de un derecho. A menudo este punto es subestimado. Sin embargo muchos dinen “está bien que les paguen a los que no aportaron, para que tengan algo, pero no llamen jubilación a eso” En Cambiemos flota el reclamo de “la distinción”, de la separación, de la diferencia explícita y estigmatizante entre los que tendrían derechos y los que reciben ayuda. Un ex funcionario de la década menemista dijo: “la barbaridad de la moratoria no es que hayan pagado a los que no tenían jubilación, eso está bien, hay que darles algo... pero les dieron una jubilación; es decir, les dieron un derecho. ¡Esa gente puede hacer juicio si no les pagás porque estás con un problema de financiamien-to!”. En un país con historia de haber descontado el 13 por ciento a empleados estatales y jubilados, la norma aprobada niega ese derecho y marca un rumbo que evoca las más negras experiencias.
Andrea D’Atri sobre este tema puntualizó: “El nombramiento de Dindart sorprende pero no desentona con el gobierno de Macri, que desde que asumió no hace más que cercenar derechos, como lo hizo por ejemplo al desmantelar prácticamente el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable y con él la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos gratuitos y a la información de cómo usarlos. Sin mencionar que sigue sin aplicarse la Ley de Educación Sexual Integral que debería ser una materia más en todas las escuelas públicas y privadas del país.
ResponderEliminarSi no se logra consolidar un sistema financiero riguroso, de nada valdrán discursos altisonantes de inclusión social, cuando en los hechos la ley haga prevalecer el interés particular sobre lo colectivo, abrirá las puertas para regresar a un sistema privatizado con capitalización individual. El Estado pagará esas liquidaciones con los fondos que ingresen por el blanqueo de capitales.
ResponderEliminar“Eso será también significará el inicio de una cuenta regresiva inexorable hacia el sistema de reparto de jubilaciones, pues aunque en un principio esto se pague con las utilidades del blanqueo y la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, no habrá una sostenibilidad posible en el tiempo y se llegará a desfinanciar todo el sistema”.
diputada Beatriz Bogado.
La moratoria ha tenido la ventaja de ser extraor-dinariamente efectivo en cumplir el objetivo de poner en marcha una cobertura previsional para una franja de edad de 60 a 64 años (principalmente, mujeres). Y lo ha hecho de manera inmediata, y reconociendo el derecho de las personas a la protección. El Estado concurre en apoyo de quienes no pudieron cumplimentar sus aportes, de modo que al final de la vida laboral las personas alcancen un beneficio similar al de quienes sí lo hicieron. Esto evita tanto la caída en el desamparo material como en la indignidad y el estigma. Se accede al beneficio por la puerta, y no por la ventana. Eso lo diferencia de la pension a vejez donde el Estado paga un mínimo. Es un “plan para gente mayor” o a una “ayuda para el anciano carenciado”. Es decir, un ingreso en condiciones de inferioridad.
ResponderEliminarTodos ellos son titulares de un derecho. A menudo este punto es subestimado. Sin embargo muchos dinen “está bien que les paguen a los que no aportaron, para que tengan algo, pero no llamen jubilación a eso” En Cambiemos flota el reclamo de “la distinción”, de la separación, de la diferencia explícita y estigmatizante entre los que tendrían derechos y los que reciben ayuda. Un ex funcionario de la década menemista dijo: “la barbaridad de la moratoria no es que hayan pagado a los que no tenían jubilación, eso está bien, hay que darles algo... pero les dieron una jubilación; es decir, les dieron un derecho. ¡Esa gente puede hacer juicio si no les pagás porque estás con un problema de financiamien-to!”. En un país con historia de haber descontado el 13 por ciento a empleados estatales y jubilados, la norma aprobada niega ese derecho y marca un rumbo que evoca las más negras experiencias.